El desagravio pendiente del Estado hacia Ernestina

Ernestina Ascencio Rosario, una mujer nahua de 73 años, falleció el 26 de febrero de 2007 en Tetlatzinga, un pequeño poblado del municipio de Soledad Atzompa, ubicado en la Sierra de Zongolica, Veracruz. En ese momento, el estado era gobernado por Fidel Herrera Beltrán y Felipe Calderón era el presidente de México. La historia de su muerte ha quedado marcada por la controversia y la lucha por la verdad y la justicia, poniendo de manifiesto la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres indígenas en el país.

• Ernestina Ascencio fue víctima de violencia de género y su caso ha evidenciado serias fallas en la justicia mexicana.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la falta de investigación adecuada y la impunidad en su caso.
• La familia de Ernestina pide un acto de reconocimiento y disculpa por parte del gobierno federal como parte de la reparación ordenada por la corte.

Contexto del caso de Ernestina Ascencio

La investigación inicial llevada a cabo por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz descubrió lesiones que eran compatibles con una agresión sexual. Sin embargo, el 13 de marzo de 2007, cuando aún se realizaban las pesquisas forenses, el entonces presidente Felipe Calderón declaró que la causa de la muerte de Ernestina fue una gastritis crónica. Esta declaración prematura no solo alteró la percepción pública, sino que también influyó negativamente en el desarrollo de la investigación, que se desvió de la búsqueda de justicia.

La responsabilidad en este caso no recayó únicamente en el gobierno federal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 34/2007 el 3 de septiembre de ese año, señalando las irregularidades en la investigación y dirigiéndose a diversas autoridades, incluidos el titular de la Defensa y el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Este contexto revela la complejidad del caso y la interacción entre diferentes niveles de gobierno, lo que ha llevado a una prolongada falta de justicia.

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 30 de septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en el caso Ascencio Rosario y otros contra México. El tribunal determinó que Ernestina fue víctima de violación sexual, tortura y muerte a manos de militares, además de señalar la falta de investigación por parte del Estado mexicano. Esta sentencia no solo establece la responsabilidad del Estado en la muerte de Ernestina, sino que también condena la perpetuación de estereotipos étnicos y de género por parte de las autoridades.

La Corte emitió un fuerte llamado a México, que aceptó la sentencia en diciembre pasado, a cumplir con las medidas de reparación ordenadas, las cuales incluyen un acto de reconocimiento y disculpas públicas. Este acto no es solo una formalidad, sino una necesidad imperiosa para sanar las heridas de una familia que ha esperado justicia durante casi dos décadas.

El papel del Estado en la reparación

La familia de Ernestina ha solicitado que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece personalmente el acto de disculpa, argumentando que fue el propio Ejecutivo federal quien, en 2007, intervino para desviar la atención hacia una versión que minimizaba la gravedad del caso. La importancia de que este acto sea llevado a cabo por la máxima autoridad del país radica en la necesidad de que el reconocimiento del daño venga desde el mismo nivel que perpetuó el encubrimiento.

El cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana no debe depender de la identidad política de quienes gobiernan actualmente. El Estado mexicano, junto con el gobierno de Veracruz, son la continuidad de un sistema que ha fallado en proteger los derechos de sus ciudadanos, en especial de aquellos más vulnerables. Por lo tanto, esta obligación de reparación se extiende más allá de las administraciones individuales y debe ser asumida como un compromiso institucional.

La voz de las mujeres indígenas en México

La muerte de Ernestina Ascencio es un recordatorio sombrío de la situación que enfrentan muchas mujeres indígenas en México. Su caso no solo es una historia de violencia, sino también de la lucha por la justicia en un entorno donde las voces de estos grupos son frecuentemente silenciadas. La intersección de la etnicidad y el género ha creado un espacio en el que las mujeres indígenas, como Ernestina, son a menudo víctimas de múltiples formas de discriminación.

• Las mujeres indígenas enfrentan barreras culturales y lingüísticas que dificultan su acceso a la justicia.
• Los estereotipos de género y raciales perpetúan un ciclo de violencia e impunidad.
• La falta de educación y recursos limita las opciones de estas mujeres para defender sus derechos.

El impacto de la sentencia interamericana

La sentencia de la Corte Interamericana representa no solo un paso hacia la justicia para la familia de Ernestina, sino también un precedente significativo para otros casos de violencia contra mujeres indígenas. Establece un marco que obliga al Estado mexicano a adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos. Además, envía un mensaje claro sobre la necesidad de abordar la impunidad que ha caracterizado los casos de violencia de género en el país.

Esta decisión judicial puede servir como un catalizador para que el gobierno de México implemente políticas más robustas en materia de derechos humanos. La reparación del daño debe ir más allá de las disculpas; implica cambios estructurales en cómo se aborda la violencia contra mujeres, especialmente aquellas de comunidades indígenas, que han sido históricamente marginadas.

La familia de Ernestina Ascencio ha esperado diecinueve años para que se reconozca el daño sufrido, y así, el Estado mexicano tiene la oportunidad de demostrar que está dispuesto a aceptar la responsabilidad por el pasado y trabajar por un futuro más equitativo y justo.

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